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Con la asistencia de legisladores locales, del secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, así como de panelistas de la ONU, la CNDH, la PGR y del Senado de la República, en el Congreso del Estado se formalizó la instalación de la Conferencia Estatal contra la Trata de Personas.
En el evento, llevado a cabo a iniciativa de la diputada Gina Rocha Ramírez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Jefas de Familia, el secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, habló de la disposición del gobernador Mario Anguiano Moreno para fortalecer las acciones que prevengan la trata de personas en la entidad.
Al hacer uso de la voz la Senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, afirmó que Colima es ejemplo a nivel nacional por ser el primer estado en donde se instala la Conferencia Estatal.
La Senadora Adriana Dávila expuso que esto es una muestra de la importancia que en Colima se concede a los derechos humanos.
Destacó la importancia del papel del legislador en la armonización de las leyes federales y locales, al mismo tiempo que habló de la importancia de contar con una buena legislación en la materia que ayude a que sea posible castigar a los culpables.
Los legisladores locales deben tener claridad para no dar lugar a lagunas que permitan la impunidad, señaló Adriana Dávila, quien insistió en que no hay mejor forma de combatir la trata de personas que con familias integradas y políticas públicas eficientes.
Por su parte, la diputada Gina Rocha Ramírez, agradeció el respaldo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso, al mismo tiempo que sostuvo que la Conferencia Estatal Contra la Trata de Personas “será un mecanismo espejo de la Conferencia Nacional, llamado a fortalecer la coordinación y corresponsabilidad entre el Poder Legislativo Federal y el Local”.
Dijo que la Conferencia Estatal reafirma el compromiso de las legisladoras y legisladores locales y federales para “unificar y coordinar esfuerzos para combatir este flagelo”, así como para impulsar el trabajo para prevenir, atender, sancionar y erradicarlo en todas sus formas.
En su exposición María Sol Berenice Salgado Ambros, Directora General Adjunta de Fomento y Políticas Públicas para la Cultura de la No Violencia de la PGR, calificó a la trata de personas como el flagelo del siglo XXI, y destacó la participación de los asistentes a la conferencia por abatir el problema.
Más adelante, Felipe de la Torre, encargado de la ONU Región México, Centroamérica y el Caribe contra la Trata de Personas, destacó que los municipios son la instancia más cercana al problema de la trata de personas, a la vez que precisó que es fundamental crear indicadores sobre el problema para poder evaluar el avance de las competencias de las legislaciones federal y local.
Emilio Maus Ratz, Director contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo una amplia exposición sobre el concepto de trata de personas, señalando que algunas de sus formas son la explotación sexual, el trabajo forzado, así como con la extracción de órganos del cuerpo.
Comentó que el fenómeno afecta a mujeres y hombres por igual, a la vez que sostuvo que son más los casos de explotación laboral que de tipo sexual.
Al referirse a algunos factores de vulnerabilidad que propician la trata de personas, el funcionario de la CNDH se refirió a los factores de vulnerabilidad de las víctimas, entre los que se encuentran la pobreza, la desigualdad, ciertas tradiciones y valores culturales, la baja matriculación escolar, la existencia de menores en desamparo y la falta de registro de los nacimientos, entre otros.
Expuso que para combatir la trata de personas de manera integral el Estado debe atender las causas estructurales del problema o factores de vulnerabilidad, a la vez que habló de la necesidad de que los servidores públicos estén debidamente capacitados para tal efecto.
Al evento también acudieron las legisladoras federales Mely Romero Celis y Patricia Lugo Barriga, así como un representante de la senadora Itzel Ríos de la Mora.