• Educación
  • Gerardo Santillán
Para que cumplan con el derecho a la información que debe ser clara, oportuna, completa y verdadera.

A un par de semanas de que inicie el ciclo escolar 2013 – 2014, 290 instituciones de educación privada de distintos niveles han entregado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sus Documentos de Bases Mínimas de Información, para revisar si cumplen con los requisitos de atención que requiere el público. Otras 150 están por hacerlo.

Así lo informó la delegada de la Profeco en el estado, Edith Padilla Bañuelos, quien explicó que esto forma parte de las acciones previas al regreso a clases, para garantizar a los padres de familia y estudiantes que se respetarán los pagos, cuotas y otras directrices de esas escuelas en caso de que decidan ingresar a ellas y así evitar la comisión de abusos.

Un registro de la dependencia conocido en 2010, daba cuenta de la existencia de 620 instituciones particulares con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEPE), las cuales deben respetar los derechos de los consumidores y el primero es el derecho a la información, que debe ser clara, oportuna, completa y verdadera.

Ello implica establecer claramente sus cuotas de inscripción, colegiaturas, adquisición de materiales, entre otros gastos requeridos a lo largo del curso.

Padilla Bañuelos dijo que de acuerdo con el procedimiento, una vez que la Profeco recibe los reglamentos internos y los montos de las cuotas de inscripción y colegiaturas, la dependencia tiene un plazo de cinco días para dictaminar sobre ello.

Comentó que hasta el momento la Profeco no ha sancionado a ninguna institución por incumplimiento de sus obligaciones.

 

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