- Seguridad
Tlaxcala es uno de los siete estados en el país que ha logrado sentencias condenatorias contra delincuentes que cometían el delito de trata de personas en la entidad, hecho inédito a la fecha.
Con ello se coloca a la par del Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua y Chiapas, entre otros.
Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) radicó -de 2011 a septiembre de este año- 23 procesos penales por este delito, por los cuales 13 personas están a disposición de un juez.
En los últimos dos años ocho meses, esta institución rescató a 47 víctimas de este flagelo y les ofreció atención integral. De éstas, 10 se encuentran en un albergue fuera de Tlaxcala para garantizar su seguridad y recuperación.
Así, la Pgje ha documentado pruebas contundentes para conseguir las cuatro sentencias condenatorias, la más reciente fue en mayo de este año en contra de Belina Martínez González y/o Belina Martínez Sánchez o Alejandra Martínez Sánchez, quien explotaba sexualmente a tres mujeres en Apizaco.
Tras el proceso jurídico, el Juzgado Segundo de Sánchez Piedras dictó el fallo dentro del proceso penal correspondiente en contra de la inculpada, y le impuso una sentencia de siete años de prisión y una multa de 500 días de salario mínimo vigente en Tlaxcala, así como el pago de la reparación del daño moral.
Esta acción se sumó a las tres condenas que consiguió la Pgje en 2012, a través de su trabajo jurídico, una de ellas es contra Bulmaro Xochicale Gutiérrez, de 44 años de edad, y Miguel Ángel Xochicale Hernández, de 22, padre e hijo respectivamente, originarios del municipio de Zacatelco, quienes fueron procesados en junio de ese año, a través del Juzgado Cuarto de lo Penal de Guridi y Alcocer.
El juez les impuso una pena de 18 años de prisión, una multa de mil 900 días de salario mínimo, y les ordenó la reparación del daño para las víctimas.
Otro asunto más fue en agosto de 2012, cuando el Juzgado Cuarto de lo Penal de Guridi y Alcocer dictó sentencia contra Valentín Rojas Rojas, de 39 años de edad, originario de Zacatelco, por el delito de trata de personas equiparada.
En este caso, y gracias a que el Ministerio Público acreditó todas pruebas, se impuso una pena de 11 años de prisión, una multa de mil días de salario mínimo y la reparación del daño a la víctima.
Igualmente, la dependencia logró que el Juzgado, en noviembre de 2012, sentenciara a Juan Gutiérrez Conde y Virginia Maldonado Obregón, por los ilícitos de trata de personas, violación y lenocinio en agravio de sus propias hijas, y Anastasio Conde, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios técnicos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
A los padres, se les impuso una condena de 60 años de prisión y una multa de dos mil días de salario mínimo vigente en el Estado, mientras que el tercero fue condenado a 40 años de prisión, dos mil días de salario, además de la reparación del daño a las víctimas.
Entre otras acciones que implementó la Pgje para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y denuncien este ilícito, se encuentra la instalación de una línea telefónica de denuncia anónima: 01 800 832 43 25, así como la atención e investigación de cada una de las querellas, en algunos casos en colaboración con otras entidades.
Así, en este Gobierno se han radicado 168 denuncias, en virtud de que se creó una Unidad Especializada de Atención a este delito. Se instaló la Mesa de Trabajo para el Combate del Delito de Trata de Personas y se instituyó el Consejo Estatal en el que participan instancias federales, estatales y de la sociedad civil.