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Con el objetivo de evitar que se haga efectiva una orden de aprehensión en su contra, la líder del sindicato de burócratas 7 de Mayo, Guadalupe Rodríguez Guzmán, junto con su esposo y representante de los trabajadores ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Pedro Erazo Rivera, así como una sobrina y dos sindicalizados más, se ampararon ante el Juzgado Primero y Tercero de Distrito.
Estas personas fueron denunciadas el pasado 4 de octubre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues durante la renovación del Comité de Vigilancia de esa agrupación realizada en el Centro Cultural Universitario de la UAT, hubo un enfrentamiento a golpes con los representantes de la planilla dorada, María Felipa Xochitototl y Arturo Guerra, a quienes impidieron su ingreso para presentar vigilar el proceso de votación.
De acuerdo con información del portal electrónico gentetlx.com, los denunciados son además de Guadalupe Rodríguez y Pedro Erazo, Julieta Berruecos Rodríguez, quien fue electa como integrante del Comité de Vigilancia; Pablo Flores Xochitemol, secretario de Trabajo y Conflicto de los Poderes en el sindicato; así como la ex candidata a diputada en la elección local de este año por el principio de representación proporcional en el Partido Socialista (PS), Matilde Jiménez Cabrera.
Se trata de los amparos 2106/2013, 2100/2013, 2102/2013 y 2099/2013, con los cuales evitan ser detenidos por la autoridad ministerial.
El amparo se da también luego de que hace unos días durante la presentación de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado – aprobado en fast track – en el Congreso local, un grupo de sindicalizados del 7 de Mayo aventaron huevos hacia el Pleno como muestra de su rechazo a lo que consideraron otro madruguete del Ejecutivo local.
Según el portal informativo, tras las investigaciones por los hechos suscitados el 4 de octubre, los sindicalizados amparados ya han sido objeto de entrevistas por agentes Ministeriales de la PGJE para esclarecer los hechos y ante el temor se han amparado para evitar que sean procesados y privados de su libertad