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La senadora de la República, Adriana Dávila Fernández, advirtió que en la red de traficantes de personas que opera en todo el país, Tlaxcala tiene presencia, particularmente en municipios del sur, donde supuestas empresas o agencias ofrecen trámites para la obtención de visas de trabajo a Estados Unidos y Canadá como un gancho para reclutar ciudadanos nacionales y centroamericanos para fines de explotación.
En una reunión con representantes de los medios de comunicación, la legisladora panista indicó que corresponderá a las autoridades federales y estatales, cada una en el ámbito de sus competencias, hacer las investigaciones correspondientes, ya que además de ofrecer documentación apócrifa, dicha red también se dedica a la trata de personas con objetivos de prostitución sexual.
Ello, al referir que solamente le compete a las embajadas de Estados Unidos y Canadá expedir ese tipo de documentos legales, de ahí que es “una verdadera trampa” para la gente acudir con las oficinas locales de tramitación.
Si bien reconoció que hace falta realizar un diagnóstico sobre cuántas personas estarían involucradas en ese tema y en qué lugares operan, dijo el fenómeno es más focalizado en los municipios sureños donde también hay presencia de tratantes de personas; “en el Senado no tenemos presupuesto ni facultades para desarrollar esa función (de investigación), pero sí colaboramos con el Observatorio Nacional de Trata de Personas”.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión para combatir ese flagelo en el Senado de la República, informó que será en el mes de febrero cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, cuando presente en tribuna la iniciativa de reformas a la Ley General contra la Trata de Personas, la cual ya estará en condiciones de ser aprobada.
En este sentido, Dávila Fernández sostuvo que se trata de una propuesta que cubrirá las lagunas de la Ley existente que, entre otras cosas, contiene errores de procedimientos, no especifica los tipos penales, no observa protocolos en los albergues de protección a las víctimas rescatadas y su reinserción social, entre otras.
En el caso de Tlaxcala, la senadora consideró que los esfuerzos que ha hecho el Gobierno del Estado son importantes contra ese delito, pero son insuficientes porque falta una mayor coordinación institucional.