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El exsecretario de Gobierno y actual dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio González Hernández, contestó a la Contraloría del Ejecutivo que es “ilegal, improcedente e infundado” el procedimiento de responsabilidad administrativa que se le instauró recientemente, dado que no existe claridad sobre quiénes son las acusaciones.
El proceso administrativo está identificado bajo el número P.R.A. 08/2014/DJ/DRA, en los términos siguientes:
“Que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de su competencia y con base en lo dispuesto en las Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, inicie los procedimientos administrativos a que hay lugar en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala, involucrados”.
“De lo transcrito anteriormente se desprende que el procedimiento debe instaurarse en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, más no en contra de los servidores públicos que intervinieron en la firma del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho”, respondió González Hernández.
En ese sentido, aseguró que su participación en el convenio fue exclusivamente de conformidad a la atribución constitucional y legal que tuvo cuando fungió como Secretario de Gobierno, de ahí que cualquier persecución administrativa en todo caso debe ser con quienes estuvieron en la Secretaría de Finanzas “y no como erróneamente lo hace esta Contraloría del Ejecutivo Estatal, al instaurar un procedimiento de responsabilidad administrativa de manera ilegal, en contra de los todos los servidores públicos que participaron en la suscripción del Acuerdo de Coordinación”.
Incluso, Sergio González en un momento dado asegura que el documento del PROCEDES resultaría carente de probación en torno a su participación, pues solo fue firmado por representantes del Gobierno estatal y no por funcionarios federales, “situación que lo hace inválido al carecer del consentimiento expreso de una de las partes para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”.