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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Tsje), Jerónimo Popócatl Popócatl, aseveró que la solicitud presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) ante el pleno del Congreso local para que sea destituido de su cargo, carece de sustento legal y resulta improcedente.
Lo anterior, al recordar que su designación como magistrado la realizó la LIX Legislatura y cuando la Constitución Política aún no había sido objeto de las reformas donde se estableció como requisito tener como máximo 65 años de edad, por lo que aun cuando los panistas emprendieran un procedimiento en su contra, éste no sería aplicable debido a que la ley no es retroactiva.
Recordó que este tema ya había sido agotado por la anterior Legislatura, cuando intentaron hacer lo propio con Justino Hernández Hernández, Tito Cervantes Zepeda y otro jurista más, pero después de ser orientados de que la ley no es retroactiva, dieron por concluido el tema, pues estaban conscientes de que no iba a prosperar.
La embestida de los panistas se originó luego de que el magistrado Jerónimo Popócatl anunció que había promovido un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, para reclamar la inconstitucionalidad de las reformas efectuadas por la Legislatura en turno, donde los congresistas incluyeron el tope máximo de edad para ocupar este cargo.
En este sentido, minimizó la solicitud realizada por el panista José Gilberto Temotzin Martínez quien, a nombre de su bancada, pidió al Congreso su remoción por rebasar el límite de edad que establece la legislación local.
Precisó que de existir una "intentona" por parte de los diputados para destituirlo del cargo, recurrirá a las instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos, pues insistió que la Ley no puede ser retroactiva y que las reformas realizadas en agosto de 2008 no aplican para los magistrados que ya habían sido electos en enero de ese mismo año.
Popócatl Popócatl advirtió que continuará con su lucha para obtener al amparo ante la justicia federal, pues es claro que la modificación al artículo 79 de la Constitución local donde se establece que aquel magistrado que haya cumplido 65 años no pude ser ratificado en el cargo, resulta inconstitucional y viola los derechos humanos.