- Seguridad
Ante la falta de atención por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la sumisión política y la manera en la que fueron elegidos, pobladores agredidos por policías ministeriales el pasado 14 de mayo dieron a conocer a este medio de comunicación que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que los apoye debido a las vejaciones sufridas durante y después de su detención.
Una abogada de los detenidos en Totolac dio a conocer que la CEDH encabezada por Francisco Mixcoatl actuaría de manera sumisa y parcial, hacía lo que ordenara la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alicia Fragoso Sánchez, por lo que ante esta situación habrían decidido acudirá a la CNDH para no dejar estos casos en la impunidad.
A un medio de comunicación, los torturados por los ministeriales dieron a conocer todo tipo de vejaciones propinadas por los elementos de la PGJE, desde golpes en diferentes partes del cuerpo hasta amenazas de violación a mujeres que fueron llevadas sin explicación alguna y en medio de golpes e insultos a las instalaciones del Centro de Readaptación Social (CERESO).
En este sentido, Fredy Cortés uno de los principales agredidos y a quien presuntamente se le sustrajeron siete mil pesos de su cartera por parte de los ministeriales, culpó de manera directa a la procuradora de ser quien dio la orden de manera inconsciente y con una clara falta de sensibilidad.
Ante esta situación y con visible temor en un video subido a las redes sociales, se muestran los agraviados con el enojo pero sobre todo con la incertidumbre sobre su situación ya que serían amenazados por parte ministeriales de que de hacer algo al respecto, podrían ser encontrados culpables debido a que aunque están en libertad, su situación jurídica no ha sido definida por la Juez del tercer Distrito, Claudia Pérez Rodríguez.
Al respecto, el director jurídico del municipio de Totolac, Fernando Gallegos mencionó que será hasta el viernes cuando decidan las autoridades judiciales si hay culpabilidad o prosigue su proceso, el cual duraría alrededor de medio año, lo cual temen los pobladores por las represalias y es por esto que acudirán a otras autoridades que sean imparciales.