- Congreso
Reprueban cuenta pública 2013 de Papalotla y Zitlaltepec.
Por mayoría de votos, diputados de la LXI Legislatura avalaron el acuerdo de la Comisión de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, por el que se desecha el recurso de revocación en contra del acuerdo que desecha la denuncia de hechos que se consideran constitutivos de instauración de juicio político en contra de la licenciada Elsa Cordero Martínez, promovido por la licenciada Rosalba Santacruz Meneses a través de su Apoderado legal, abogado Raciel Santacruz Meneses.
En el dictamen dado a conocer por los legisladores Sinahí Parra Fernández y Julio César Álvarez García, se señala que a criterio de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, el Recurso de Revocación que insta el Apoderado legal de la Licenciada Rosalba Santacruz Meneses, debe desecharse por notoriamente improcedente y al mismo tiempo se confirma la improcedencia del Recurso instado por la recurrente así como la determinación de desecharlo, en virtud de que carece de interés jurídico para inconformarse en contra del acuerdo de fecha 19 de agosto de 2014.
Ya que en el mismo, se señaló, no le causa beneficio ni perjuicio, ya que la única finalidad del juicio político, en caso de instruirse y como se advirtió en la parte considerativa del Acuerdo de Pleno que se pretende revocar por el impetrante, es que se determine si un servidor público incurrió o no en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y de resultar procedente, se imponga la sanción correspondiente, ya que el Procedimiento de Responsabilidad Política tutela el interés público y no intereses particulares, de forma tal que aún y cuando la denunciante estime que el Acuerdo de mérito, afecte su interés particular, carece de interés jurídico para impugnarlo, pues se insiste, no le causa perjuicio o beneficio directo a quien formuló la denuncia.
En otro orden de ideas, el Pleno de la LXI Legislatura Local, aprobó los dictámenes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización por los que se reprobó la cuenta pública de 2013 de los municipios de Papalotla y Zitlaltepec.
Se mencionó, que la reprobación de ambos ejercicios fiscales de 2013 tuvo su justificación en los informes de resultados formulados por el Órgano de Fiscalización Superior al 30 de mayo del año en curso en los que se observaron diversos procedimientos irregulares, entre los que están observaciones pendientes por solventar, pagos improcedentes o en exceso, volúmenes pagados en exceso y no ejecutados, bienes y servicios sin documentación comprobatoria, entre otros.
También por mayoría de votos, los diputados avalaron los ejercicios fiscales de 2013 del periodo comprendido del uno de enero al 31 de diciembre, de los Fideicomisos para la Atención de los Sectores Marginados y Para la Prevención de las Adicciones; de los Fondos de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados para el Estado de Tlaxcala y Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, así como del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad.
En esta misma sesión, la legisladora Cecilia Sampedro Minor dio lectura a la iniciativa por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado instruya al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que implemente operativos de inspección en las empresas que venden gas licuado de petróleo, a particulares y comercios, así como a sus vehículos repartidores, a fin de: revisar las condiciones físicas de los cilindros o tanques contenedores de gas L.P. y los que, en su caso, se encuentren en mal estado físico y representen un peligro sean inmovilizados; revisar que los vehículos repartidores cumplan con las normas técnicas y de seguridad, para transportar cilindros o tanques contenedores de gas.
También exhortar a los presidentes municipales del Estado de Tlaxcala para que establezcan acciones de inspección de los tanques estacionarios de gas L.P. en mercados, tortillerías, centros comerciales y los instalados en las ferias o eventos en donde haya aglomeración de personas, clausurando los que por su uso y desgaste físico constituyan un riesgo o peligro para la población. La propuesta se remitió a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.