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No queremos dinero, queremos cárcel para los exfuncionarios y funcionarios involucrados, clamó María del Rosario Castillo García, madre de la pequeña fallecida en 2012 durante los cursos de verano organizados por el Ayuntamiento de Sanctorum de la pasada administración.
De hecho, pidió que el exmunícipe Juan Manuel Romero, también asuma la culpabilidad por los hechos.
En rueda de prensa con el apoyo de integrantes del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, dejó en claro que lo que le interesa es que ningún otros menor de edad vuelva a ser víctima de la irresponsabilidad de las instituciones en la protección de los derechos de los niños, independientemente de que la familia no puede renunciar a la compensación económica.
Pidió que sea el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) el que vigile las acciones que lleven a cabo los DIF municipales, pues en el caso de los cursos de verano las condiciones deben ser óptimas para la realización de las actividades.
Por su parte, la directora del Centro Fray Julián Garcés, Guadalupe García Vargas, confió en que la recomendación emitida la víspera por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sirva para que toda autoridad asuma su responsabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias y garantice los derechos de la niñez como un interés superior.
Y es que recordó que en la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, hubo una serie de violaciones de los derechos humanos, pues entre otras cosas, la madre fue orillada a firmar una acta de consentimiento como si la niña estuviera viva, cuando ésta ya había fallecido.
En este sentido, la denunciante está a la espera de una resolución por las autoridades en la materia por la denuncia penal por los delitos de homicidio por culpa, abandono de personas, abuso de autoridad, violación y falsedad de informes dados a una autoridad.