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Para el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual ya ha sido tomado como una bandera política por personajes que se dicen defensoras de las víctimas o legisladoras sobre el tema, como son la activista Rosi Orozco y la senadora tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández.
En opinión de la directora de la organización no gubernamental, Guadalupe García Vargas, lejos de velar por la prevención y erradicación del problema, ambas se han enfrascado desde ya hace mucho tiempo en un pleito que solo refleja intereses políticos y desatienden la parte que dicen defender.
“Es doloroso que el Gobierno y que en sí los políticos retomen el tema de la trata como una bandera política, pero sí nos preocupa que Rosi Orozco y Adriana Dávila lo tomen como una bandera política más que como un compromiso con el dolor de las víctimas”, manifestó en entrevista.
Es más, remarcó que es difícil comprender que la propia Orozco haya promovido un premio al Gobierno de Tlaxcala por sus acciones contundentes contra la trata de personas, cuando en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es claro que en aquí la situación sigue siendo grave.
“Junto con la investigación que hicimos en el Centro Fray Julián, confirmó que la presencia de víctimas y tratantes se ha extendido a 35 municipios, entonces el gobernador dice que hay una campaña permanente de organizaciones que lo quieren desprestigiar, pero más bien debería escuchar a la gente, él dice que su Gobierno es cercano a la gente pero en los hechos no se ve, queremos verlo (…)”, subrayó.