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Como consecuencia de lo que sería un evidente tráfico de influencias, se reactivó una queja en contra de cuatro empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por haber cobrado dos mil pesos por otorgar acceso a expedientes de este Poder, situación que data del año 2002 del Juzgado Familiar del Distrito de Hidalgo y que a un año de estar la denuncia no ha habido respuesta al respecto.
La queja de manera específica señala a Eleazar Pérez que se presume es jefe de archivo, así como a Julio Caporal y a otra persona que sólo se menciona como Nahúm, quienes de acuerdo con la denuncia pidieron dos mil pesos a los quejoso para darles acceso a un archivo, con el argumento de que tendrían que localizarlo debido a que se encontraba extraviado.
Situación por la que los quejosos accedieron a otorgar le recursos a los presuntos traficantes de influencias, quienes para empezar les dieron 600 pesos para que la segundo día de manera cínica incluso los trasladaran a las oficinas del juzgado que se encuentra a escasos metros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y posteriormente a un lado del Centro de Readaptación Social (CERESO) para hacer el “trabajo” por el cual estaban cobrando dos mil pesos.
Sin embargo, al no contar con el total del recurso pedido por los “servidores” públicos, el acuerdo sería que fuera en cómodos pagos, no obstante, luego de haber recibido una cantidad los ejemplares empleados del TSJE no cumplieron con la entrega de la documentación, ahora se niegan a devolver el dinero según relata la denuncia.
La queja antes mencionada lleva un año de haber sido expuesta y no hay respuesta por parte del Poder Judicial, por lo que esperan un pronunciamiento por parte del Consejo de la judicatura al respecto, ya que pareciera que están encubriendo a quienes refirieron se han comportado como unos “vulgares malandrines” más que como empleados de uno de los tres Poderes y más aun cuando es el que representa la justicia, lo cual es lamentable asegura la parte agraviada.