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La iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala propuesta por la diputada priista Sinahí del Rocío Parra Fernández, representa un grave desconocimiento y retroceso porque pretende quitar voz a la participación ciudadana y omite datos que reflejan la grave realidad tlaxcalteca respecto a ese delito y su impacto nacional e internacional.
Aun más, la oferta legislativa de la representante popular de homologar la norma estatal con la Ley federal en la materia, solo parece un proceso de "cortar y pegar" porque no la adecúa a las necesidades locales y a lo que ya establece la propia Ley estatal aprobada en el 2009.
Así lo advirtieron representantes de organizaciones sociales impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, María Guadalupe García Vargas, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos; Albino Martínez Plasencia, del Centro de Economía Social Julián Garcés; Rosa Romero, de la Casa de Atención a la Familia Migrante; e Ivonne Bagnis Rivadeneyra, del Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar; entre otras.
En conferencia de prensa fijaron una postura respecto a la iniciativa de Parra Fernández presentada en el Congreso el pasado 5 de mayo, la cual no reconoce aspectos graves de la trata de personas en Tlaxcala como la existencia de complicidad de funcionarios públicos en redes de tratantes, la operación nacional e internacional de las redes, que los líderes de origen tlaxcalteca son de los más buscados en Estados Unidos, 194 víctimas documentadas desde Tlaxcala en 2014 y el alto número de menores que han desaparecido, el logro de solo 11 sentencias condenatorias por parte del Gobierno del Estado en comparación a 178 denuncias recibidas en el periodo 2011 a 2014, no reconoce que el delito se comete también en muchos municipios del sur y no solo Tenancingo, olvida que a la fecha no hay refugios especializados para víctimas en el estado, además de que sigue sin establecer de manera clara los presupuestos para operar la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a las Víctimas y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas.
Siendo Sinahí del Rocío afín al Gobierno marianista en turno, omite asimismo que el Poder Legislativo llame a cuentas al Ejecutivo por ser responsable de la actual situación en Tlaxcala al ser omiso en la implementación de la Estrategia y el Plan Sexenal.
Al deshojar algunos aspectos preocupantes de la iniciativa de reforma, los activistas coincidieron en que los principios de progresividad y pro persona son garantías que se deben privilegiar, además no puede pretender armonizar la integración del Consejo Estatal contra la Trata de Personas cuando este ya existe desde el año 2010.
Por ello, la organizaciones representadas pidiero reconocer la gravedad de la situación en Tlaxcala, llamar a cuentas al Ejecutivo y genere espacios serios de discusión de la iniciativa de reforma que incluya la voz de la sociedad civil.