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Del total de los asuntos civiles y penales que atiende el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en menos del uno por ciento están involucradas personas de comunidades indígenas, así lo dio a conocer Elsa Cordero Martínez, presidenta del Poder Judicial del estado.
Lo anterior se presentó durante la firma del convenio entre el TSJE y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), ahí estuvieron presentes Francisco Mixcoatl Antonio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Evangelina Paredes Zamora, presidenta de la Comisión de Derechos y Cultura Indígena.
En su oportunidad, el titular del Inali, Javier López Sánchez, comentó que aún hay temas pendientes en materia de impartición de justicia para personas indígenas, enfocada a reducir la brecha de desigualdades en tomando en cuenta que México es un país rico en población indígena y lenguas nativas.
No obstante, indicó que a partir de la armonización legislativa estatal con la nacional también prevé la creación de institutos estatales y municipales de lenguas indígenas y “debo decir que hasta este momento hay solo ocho estados que cuentan con sus institutos estatales, a Tlaxcala le falta, pero podemos trabajarlos y asesorarlo en esa materia”.
Después en entrevista, el funcionario federal fue cuestionado respecto a casos de violaciones a los derechos humanos de personas hablantes de lenguas indígenas en o durante procesos civiles o penales en Tlaxcala, sin embargo, dijo no tener datos al respecto, aunque con ello no negó que pudiera suscitarse.
En contraste, indicó que “los principales incidentes han ocurrido en lenguas como la zapoteca, mixteca o celta social de Chiapas y lenguas del estado de Guerrero, es donde hay más incidencia de violaciones a derechos humanos por desconocer el idioma”.
En el tema, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Elsa Cordero reconoció que si han atendido casos con este sector de la población, pero que éstos no representan ni el uno por ciento de los asuntos que atienden, además, aclaró que en Tlaxcala, se tienen identificadas principalmente las lenguas Otomí y el Náhuatl.
Por lo anterior, se pronunciaron por legislar el derecho lingüístico y que éstos tengan la misma validez y estar presentes en ámbitos públicos y privados, como en educación, justicia y salud, ya que “si no tomamos en cuenta su lengua puede significar la muerte en cuanto a la salud o la cárcel en cuanto a justicia, por ello, hablamos de un derecho humano superior”.