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  • Lucía Pérez
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reabre el expediente de queja contra Ferrosur.

Ante los ataques sistemáticos contra migrantes centroamericanos en su paso por el estado de Tlaxcala, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó al Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) implementar medidas cautelares tendientes a disminuir y evitar la comisión de abusos, agresiones, lesiones, y cualquier otro tipo de delito contra ese sector.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, quien  expuso que la recomendación del organismo autónomo nacional requiere a las corporaciones de seguridad de los municipios de Apizaco, Tocatlán, Xaloztoc, y San José Teacalco, la implementación de las medidas cautelares, debido a las agresiones que se han registrado en los últimos ocho meses.

El llamado  se hizo en torno de que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes transitan por el territorio estatal, en cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Migración y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos.

El ombudsman agregó que las medidas cautelares emitidas por el organismo nacional son resultado de solicitudes y acuerdos directos con el titular de la CEDH, Luis Raúl González Pérez, con el propósito de atender la problemática que aqueja a los migrantes centroamericanos en su paso por Tlaxcala.

En ese sentido fue que el 8 de junio de 2016 la CNDH emite medidas cautelares a las corporaciones de Seguridad Pública de los ayuntamientos de Apizaco, Tocatlán, Xaloztoc, Teacalco y la Comisión Estatal de Seguridad.

Pero además, el organismo nacional se comprometió a reabrir la investigación y a emitir una recomendación respecto a las presuntas violaciones a derechos humanos de personas migrantes registradas a partir de junio de 2012 con la colocación de vallas sobre la vía ferroviaria en el municipio de Apizaco por parte de la empresa Ferrosur, lo que representa un peligro para la población migrante que cruza por el estado de Tlaxcala a lomo de tren.

Recordó que en 2014 la CNDH concluyó la queja por “no violación a derechos humanos” mientras estaba al frente del organismo nacional  Raúl Plascencia Villanueva; y con el actual ombudsman, Luis Raúl González Pérez, es quien se comprometió a reabrió el caso.

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