• Tlaxcala
  • Lucía Pérez
A nivel nacional 24 gobiernos estatales fueron denunciados penalmente entre enero de 2015 y mayo de 2016.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, enfrenta nueve denuncias en su contra todas presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por desvío de recursos públicos y diversas irregularidades señaladas por la por la Auditoría en las Cuentas Públicas de 2009 a 2013.

Este día entre las notas principales de Animal Político se encuentra la siguiente: “24 estados tienen denuncias penales de la Auditoria federal por desvíos de recursos”, en la lista de los gobiernos estatales requeridos se encuentra Tlaxcala con nueve denuncias en su contra, mientras que el primer lugar en cuanto a la cantidad de demandas está Veracruz con 30 en total, le sigue Chihuahua y Morelos, con 17 cada uno; Baja California Sur, con 12, y Zacatecas, con 10.

Tlaxcala se encuentra entre los estados con menor cantidad de denuncias junto con el Estado de México y Chiapas, con ocho; Querétaro y Nuevo León, con seis; Michoacán y Guanajuato, con cuatro cada uno; Campeche, Colima, Coahuila, y Sinaloa, todas con tres; Jalisco, Guerrero, Oaxaca, y Tabasco, con dos; mientras que Baja California, Nayarit, Hidalgo, y Tamaulipas, con una cada uno.

En la nota informativa firmada por Tania L. Montalvo, se explica que ocho de cada 10 denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde enero de 2015 son contra gobiernos estatales, señalados por el desvío de recursos públicos y diversas irregularidades, entre ellas por “simulación de reintegros” en la que existen 31 denuncias contra gobiernos que retiran el dinero que devolvieron a la Hacienda Pública.

En ese sentido, la ASF alerta que la simulación de reintegros se está convirtiendo en una práctica común de parte de los gobiernos estatales: hacen un depósito, reportan ante la Auditoría que devolvieron el dinero del que se señaló un presunto mal uso, pero, tras unos días o una semana, lo retiran.

También menciona que los 24 gobiernos estatales que fueron denunciados penalmente entre enero de 2015 y mayo de 2016 incurrieron en irregularidades señaladas por la Auditoría en las Cuentas Públicas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

 

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