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  • Adolfo Tenahua Ramos
Con estas nuevas disposiciones se busca, evitar toda clase de excesos, desperdicios, derroche o dispendio en el uso de los recursos humanos

Con la aprobación de la nueva Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los exgobernadores ya no recibirán pensiones y cuando los magistrados se retiren ya no tendrán derecho a una gratificación por los años de servicio.

 

El pasado viernes en sesión extraordinaria los integrantes del Pleno del Congreso del Estado, entre posturas de oposición e inconformidades por parte de los partidos de representación, los izquierdistas hicieron valer su presencia y lograron la mayoría absoluta para aprobar esta nueva Ley a la que se deberán de someter los entes públicos.

 

Entre los artículos que destacan están el número ocho donde los funcionarios públicos forzosamente tendrán que someterse a recibir los beneficios del Sistema Público de Seguridad Social y no podrán utilizar el erario público para pagar servicios médicos particulares.

 

En el 16, los servidores públicos deben abstenerse de tener dos empleos cargos o comisiones en diferentes entes públicos con cargo al presupuesto, salvo que demuestren la compatibilidad del empleo cargo o comisión, la cual deberán acreditar previo a la contratación y la falsedad de información será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

En restricciones, el ordenamiento también prohibirá, en el artículo 25, la adquisición de vehículos cuyo costo sea superior a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización para uso personal de los servidores públicos.

 

Cabe señalar que en la máxima Tribuna se hizo la exposición de motivos de manera pública, se explicó a los integrantes del Pleno que con estas nuevas disposiciones se busca,  evitar toda clase de excesos, desperdicios, derroche o dispendio en el uso de los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros para limitar lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de las funciones y programas de los entes públicos.

 

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