• Tlaxcala
  • Pedro Sierra
La CNDH emitió una recomendación al gobierno del estado por la violación a los derechos humanos de Karla Romero Tezmol

Al concluir que hubo violación a los Derechos Humanos de la menor de edad Karla Romero Tezmol, quién se encuentra desaparecida desde hace tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno que encabeza Marco Mena Rodríguez, instruyendo a las autoridades locales a que continúen con la búsqueda de la joven que fue víctima de un levantón en el municipio de San Pablo del Monte en el sur de la entidad.

Fue el 13 de enero de 2016 cuando de acuerdo con testigos de los hechos, la entonces menor de 11 años fue obligada a subirse a un vehículo y después no saber más de su paradero, hecho por el que los padres de Karla acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a realizar la denuncia correspondiente para determinar la ubicación de la joven, sin embargo, las autoridades locales emitieron una pre alerta para su búsqueda tres días después de haber realizado la denuncia los familiares.

La recomendación emitida por la CNDH se basa en que existieron omisiones por parte de las autoridades locales en el caso de Karla, lo que en su momento pudo haber sido elemental para encontrarla, considerando que podría haber sido víctima de alguna banda se tratantes de personas que operan en la zona sur del estado.

Y es que según el relato de los familiares, recibieron una llamada anónima en la que les avisaron que la niña de 11 años se encontraba siendo explotada sexualmente en un motel ubicada entre la calle 5 de Mayo y la 14 poniente en el centro de la ciudad de Puebla, no obstante, al acudir al lugar no obtuvieron información que los pudiera acercar a su paradero.

Un aspecto fundamental para que la CNDH emitiera una recomendación al gobierno local fue que en su momento la PGJE contrario a lo que establecen los protocolos en caso de desaparición de menores de edad, solo se abocaron a iniciar un acta circunstanciada, aunado a que la misma procuraduría prohibió a los padres difundir la imagen de Karla supuestamente para no obstaculizar las indagatorias.

Esto llevó a los familiares a acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, argumentando la desaparición y la posible comisión del delito de trata de personas en agravio de Karla Romero Tezmol.

“Tras concluir sus investigaciones, la CNDH confirmó que las autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala indebida y tardíamente emitieron una ‘Pre-Alerta Amber’, tres días después de la denuncia de los padres, instrumento que no admite su publicación en medios de comunicación a pesar de que se requería comenzar de inmediato la difusión de la información para lograr la búsqueda y localización de la persona menor de edad desaparecida”, informa hoy el organismo.

En resumen la CNDH pide al gobernador del estado que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala, se brinde la reparación integral a los familiares de la niña desaparecida, que incluya atención psicológica durante el tiempo que se requiera; instruya a la PGJE a continuar con la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 4, para que se practiquen a la brevedad las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, a efecto de continuar con la búsqueda y localización de la niña y determinar, en su caso, la probable responsabilidad penal que corresponda.

También pidieron la colaboración para la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de Tlaxcala y la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos de la misma dependencia en contra de las autoridades involucradas en los hechos.

Además de la impartición de cursos de capacitación y sensibilización para el personal que labora en la ejecución de la Alerta Amber para que no existan estigmas o estereotipos que generen una revictimización de las personas que acudan a esta instancia.

Por su parte, el gobierno priísta de Marco Mena aceptó la recomendación y se lavó las manos al asegurar que este caso surgió en el último año del gobierno de Mariano González Zarur, quien le heredó la silla al hoy titular del Poder Ejecutivo.

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