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  • Emilio Piedras
Aunque las autoridades estatales presumen que Tlaxcala es el segundo estado más seguro del país, delitos como la privación ilegal de la libertad aumentan

Pese a lo que dicen los de la moderna gobernanza de que Tlaxcala se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional con menos índices delictivos, las cifras para el primer trimestre del año del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que los delitos considerados como más peligros para la ciudadanía nuevamente han aumentado y no son los “hechos aislados” que han salido a decir los priístas.

Uno de los ilícitos considerados del fuero común que más laceran a las familias y a la sociedad en general es el secuestro, delito que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sólo es denunciado en menos del 10 por ciento del total de los casos, por lo que las cifras reales son alejadas a los números oficiales que se manejan en cualquier procuraduría o fiscalía de alguna de las 32 entidades.

En el caso de Tlaxcala, para el primer trimestre del año ya se reportan cinco casos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), superando así el número total de delitos de este tipo que fueron registrados durante todo el ejercicio 2018 que fueron tres.

El esfuerzo de los heraldos del gobierno local por presumir que Tlaxcala es una entidad segura y que es gracias a quien despacha en Palacio de Gobierno es inútil, debido a la percepción de la ciudadanía de la inseguridad que a diario aumenta y muestra de ellos son los constantes asesinatos a los que los tlaxcaltecas se han ido acostumbrando desde la llegada de la actual administración.

Es así que desde que llegó el heredero de Mariano González Zarur, la PGJE tiene un total de 16 denuncias formales por privación ilegal de la libertad, lo que se traduciría en al menos 300 casos reales si se atiende la estadística del INEGI considerando que uno de los delitos que menos se da aviso a las autoridades es el secuestro.

Mientras tanto, los ilícitos en el segundo estado más seguro del país continúan acumulándose en el escritorio del titular de la PGJE a quien diputados aliados del gobernador quieren ver fuera del despacho de esta dependencia.

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