- Congreso
La mala fama que en lo general se les atribuye a los poderes legislativos, es que se nutre de personas que son carentes de conocimientos en leyes, que es la materia prima de su labor.
Ante su desconocimiento en legislar, tanto en técnica, metodología y sustancia jurídica, se les atribuye que su atención se centra en cubrir sus tentaciones por el manejo del dinero público y en las componendas políticas que les generará dividendos en el tráfico de influencias y en la colocación de sus allegados sin méritos en los entes públicos que les toca regular, supervisar, revisar cuentas o decidir sobre su nombramiento y ratificación.
En los últimos días ha despertado especial atención la posible ratificación del magistrado Elías Cortés Roa, quien ahora despacha en el recientemente creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y quien fuera nombrado originalmente para conformar al Sala de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
La transformación en toda la república mexicana de las salas de justicia fiscal y administrativa, en tribunales autónomos se consagró por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015.
Es de vital relevancia el contenido del artículo OCTAVO TRANSITORIO de ese decreto, pues dispone en su párrafo tercero que los magistrados de las entidades federativas pasarán a formar parte de los Tribunales de Justicia Administrativa, EXCLUSIVAMENTE POR EL TIEMPO QUE HAYAN SIDO NOMBRADOS.
Por tal razón se pone textualmente el texto de ese mencionado artículo: “Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.
Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.
Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto”.
Luego entonces, si el magistrado Elías Cortés Roa fue designado por el término de seis años, este es el término que debe cumplir, sin posibilidad de ser reelecto, porque la norma constitucional así lo consagró.
Tampoco, se tiene conocimiento que el magistrado Cortés Roa haya interpuesto algún medio de control constitucional contra este decreto, máxime que siendo una norma de reforma constitucional, no cabe recurso alguno.
Tras bambalinas, se dice que este magistrado ha hecho todo lo posible por acercarse a los diputados de MORENA, el PAN y el PRD, con quienes se ha reunido lo mismo en eventos públicos y privados en Tlaxcala, como en el vecino estado de Puebla, pues ya da por descontado el apoyo de la única diputada del PRI Zonia Montiel para buscar su relección abusando de la manifiesta ignorancia de los legisladores Tlaxcaltecas.
Nuevamente, hace gala de que ha logrado el beneplácito del titular del Ejecutivo, también abusando de que el círculo del poder del gobernador es muy cerrado y nadie tiene la posibilidad de corroborar si es cierto o es un blofeo.
La inconstitucionalidad por venir en caso de ser avalada la ratificación del magistrado, será cuando el ignorante presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y, Asuntos Políticos de la actual legislatura, presente su dictamen proponiendo la permanencia de ese abogado que está negada desde la reforma constitucional del 2015.
Está por demás analizar que independientemente de lo anterior, su bajo índice de confirmación de sentencias por los tribunales federales, así como la inocultable demora en la resolución de los asuntos que conoció el magistrado Cortés Roa.
Y qué decir de las costosas suspensiones que otorgaba a los concesionarios del transporte y propietarios de bares para seguir funcionando en la completa ilegalidad.