Se presume que del total recaudado le correspondió una comisión al responsable de cada institución y el resto se le quedó al también acusado de acosar a las maestras.
El “chingaquedito” como le dicen al interior de la dependencia, no ha dado la cara a las autoridades desde que le notificaron que arrastra dos procesos legales: por amenazas de muerte y violencia intrafamiliar.
