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Por unanimidad de votos, el Pleno de la LX Legislatura local avaló el acuerdo formulado por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, por el que se exhorta a las autoridades competentes relacionadas con el sistema penitenciario de la entidad, a desplegar las medidas de seguridad para evitar la fuga de internos de los penales.
El presidente de dicha comisión, Juan Fulgencio Torres Tizatl, indicó también la necesidad emprender acciones para impedir la introducción de estupefacientes a los mismos, además de vigilar y evaluar constantemente al personal adscrito a los centros de internamiento penal.
Durante la lectura del dictamen, el diputado sostuvo que es necesario y urgente impulsar procesos permanentes y obligatorios de evaluación, control de confianza y del desempeño al debido cumplimiento de los principios de legalidad y de respeto a los derechos humanos, de todos y cada uno de los elementos policíacos de las diversas corporaciones de seguridad pública.
En este tenor, apuntó que es necesario que las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinen para regular los procedimientos de selección, ingreso, formación y actualización de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.
Derivado de la fuga de seis jóvenes que permanecían recluidos en el Centro de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes de la entidad, solicitó agotar hasta las últimas consecuencias esta indagatoria penal, para encontrar a los culpables de esta fuga y castigarlos conforme a derecho.
Por lo anterior, el Pleno del Congreso local avaló el exhorto para que el titular del poder Ejecutivo, el magistrado designado por el Tribunal Superior de Justicia en el estado, cumplan las funciones del sistema penitenciario y reinserción social, del mismo modo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al Director de Prevención y Reinserción en el estado para evitar dichas acciones.
En otro punto de la sesión, el legislador Bernardino Palacios Montiel, en su calidad de presidente de la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, solicitó a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), conformar una comisión especial que se encargue de investigar el caso de la supuesta ilegalidad en la designación del rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, José Luis González Cuéllar.
Explicó que con fecha uno de septiembre del año en curso, mediante oficio girado por integrantes de “Ciudadanos por la Educación”, solicitaron interponer queja administrativa en contra del rector de esa institución educativa, sin que al momento se haya ratificado su petición.
Además de que mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2013, se le requirió a González Cuéllar, un informe pormenorizado de su actuación al frente de dicha casa de estudios, mismo que a la fecha no ha dado cumplimiento.
Ante esta situación, entregó a la JCCP el expediente respectivo que se integró para este caso, al tiempo de solicitarle integrar la comisión especial para dar curso a este asunto y emitir el resolutivo que considere pertinente.