• Gobierno
  • Gerardo Santillán
Por otro lado, cada vez recibe la Contraloría del Ejecutivo 25 denuncias contra malos funcionarios.

El contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, confirmó que continúa el proceso de inhabilitación contra ocho exfuncionarios del Gobierno del Estado que estuvieron involucrados en la licitación y construcción de la Plaza Bicentenario, hoy convertida en un ‘elefante blanco’, lo cual condujo a la presentación de denuncias penales.

Sin embargo, ni proporcionó más detalles al respecto debido a que es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la que tiene en sus manos el asunto y por tanto es necesario guardar la secrecía que amerita el caso.

“Indiscutiblemente se presentaron denuncias pero de eso quien te puede dar la información es la procuradora porque ella ve las cuestiones penales”, señaló en una entrevista.

Por lo que respecta a la Contraloría, dijo que hay procesos administrativos que siguen pendientes de resolución, pero éstos avanzan “indiscutiblemente bien, esperamos dictar la resolución en estos días y se las daremos a conocer una vez que quede firme. Todas las resoluciones pueden ser impugnadas tendríamos que ver como lo toman los involucrados”.

En otro tema, Temoltzin Carreto informó que la dependencia a su cargo recibe mensualmente un promedio de 25 denuncias ciudadanas en contra de funcionarios por incurrir en anomalías en el otorgamiento de servicio, principalmente por falta o retardo.

La mayoría de quejas son en contra de la PGJE, de la Secretaría de Salud (SESA) y de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), debido a que su estructura orgánica es amplia.

Cuando las denuncias son ciertas, se impone un procedimiento contra el o los funcionarios involucrados, pero también se han encontrado señalamientos falsos y en ello se tiene especial cuidado para corroborar la falta u omisión, para no dañar su trayectoria.

Añadió que a algunos funcionarios se les imponen sanciones administrativas o suspensiones temporales, como en dos procesos que enfrentó personal del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), en los que prefirió no ahondar.

Tags: