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Por mayoría de votos, los integrantes de la LXI Legislatura local aprobaron la creación de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, y con ello surgió una “súper secretaría” en el gabinete estatal, que estará encargada de planear, administrar y asignar los recursos públicos no sólo del Estado sino también de los municipios, se trata de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Durante la lectura del dictamen con proyecto de decreto que presentó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, María Angélica Zárate Flores, expuso que a Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala se crea en respuesta a un exhorto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que lanzó a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal desde el año 2004, al cual dio respuesta el gobernador del Estado, Mariano González Zarur.
También, expuso que con la aprobación de la ley Tlaxcala contará con las herramientas jurídicas para garantizar el acceso equitativo e incondicional de toda la población a los programas de desarrollo social; disminuir los niveles de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social de los habitantes de la entidad.
La iniciativa de Ley fue presentada por el Ejecutivo local a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por lo que luego del análisis se acordó la aprobación de la norma que contiene seis títulos con sus respectivos capítulos y éstos por artículos, que en total suman 62 numerales, que son identificados con números arábigos y seis transitorios con números ordinales.
Ante de la votación, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eréndira Jiménez Montiel, solicitó la palabra para expresarse contra algunos aspectos de la ley en comento.
A ese respecto, sentenció “al decreto que expide la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, particularmente a su Capitulo II denominado de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, en cuyo articulado se establece que dicha Secretaría coordinará el Sistema para el Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, con lo que a dicha instancia del Ejecutivo Estatal se le asignan aún mayores atribuciones de las que ya de por sí le confirieron al fusionar la Secretaría de Finanzas con el extinto COPLADET; lo que la va configurando como la “súper secretaría” del gabinete estatal, convirtiéndola en el “brazo” no sólo económico sino político al servicio del Gobernador”.
Lo anterior, debido a que controlará todo lo relacionado con la planeación, administración y asignación de recursos públicos no sólo a las áreas del Ejecutivo, sino a los municipios, lo que en los “usos y costumbres” del ejercicio de la política en este Estado le permitirá a dicha secretaría el poder actuar con “facultades” para “orientar” a conveniencia propia el actuar político-electoral de los gobiernos municipales, sobre todo en los municipios donde gobierna el partido político de quién gobierna el Estado.
Lo anterior, debido a que en el artículo 29 en una de sus facciones determina que “la Secretaría coordinará el Sistema Estatal con la concurrencia de las dependencias y entidades estatales y municipales relacionadas con la materia” y entre sus atribuciones estará la de proponer al Ejecutivo Estatal el presupuesto anual en materia de desarrollo social, considerando los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de desarrollo social.
Pero también, tendrá la facultad de administrar y mantener actualizado el Padrón Único de Beneficiarios y establecer los lineamientos para su integración.
A ello, la diputada perredista dijo que lo políticamente correcto hubiese sido el contar con una instancia estatal encargada directamente de la política de desarrollo social tal y como existe en el ámbito federal, para “no caer en la excesiva concentración de atribuciones en una sola instancia, concentradora de funciones y de poder”.
Aún con ello, la iniciativa fue votada y aprobada por mayoría de votos, principalmente de los legisladores de las bancadas del PRI y PAN.