El documento establece que las órdenes de protección administrativas pueden tener una duración de hasta 60 días y deben emitirse de manera inmediata una vez que la autoridad tenga conocimiento de los hechos.
El servidor público enfrenta diversas denuncias penales en su contra y de una de ellas fue vinculado a proceso y actualmente con suspensión condicional, hasta que repare el daño.