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En lo que fue la segunda sesión ordinaria del Congreso local, el Pleno legislativo aprobó la autorización para distribuir los recursos correspondientes al segundo ajuste trimestral de 2013, mismo que fue positivo para que los ayuntamientos y poderes de la entidad reciban excedentes.
En la lectura del documento, presentado por los diputados, Carlos Augusto Pérez Hernández y Juan Javier Potrero Tizamitl, se expuso que debido a las modificaciones realizadas al artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil siete, en el que se invalida el destino y aplicación de los recursos provenientes de la venta final de gasolina y diesel, así como del Fondo de Compensaciones, este segundo ajuste trimestral fue positivo.
De esta forma, el poder Legislativo recibirá 868 mil 636 pesos, el Judicial 690 mil 935 pesos y el Ejecutivo 35 millones 821 mil 552 pesos, lo que da como resultado un total de 37 millones 381 mil 124 pesos.
En cuanto hace a los municipios, se distribuirán un total de 32 millones 958 mil 828 pesos, que se integran del segundo ajuste trimestral a municipios de abril-junio 2013 con 6 millones 616 mil 940 pesos, del fondo de compensación a municipios abril-junio 2013 serán 18 millones 933 mil 723 pesos y por distribución de gasolinas y diesel a municipios abril-junio 2013 corresponden 7 millones 408 mil 165 pesos.
Los recursos excedentes que reciban los poderes del estado y los municipios con base al Decreto aprobado, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen, quienes deberán de informar a través de la cuenta pública de la aplicación de estos recursos.
En esta misma sesión, el diputado Vicente Morales Pérez, presentó la iniciativa para adicionar la fracción XII al Artículo 26 de la Constitución Política local, con el fin de establecer que toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, además de que el Estado garantice este derecho.
El legislador consideró que la calidad de vida y la salud de las personas, incluida su supervivencia, dependen en gran medida del acceso al agua y el ambiente sano como su escenario de desarrollo, su escasez y deterioro resulta una amenaza real para la sociedad humana.
Por ello, “se establece que el reconocer al agua, al igual que la protección del medio ambiente como derecho humano, debe ser política pública prioritaria del Estado, con una visión a corto, mediano y largo plazo, por lo que con acciones concretas como ésta se daría un paso fundamental para el desarrollo de las poblaciones, obedeciendo a la lógica de conservar la vida del individuo y su derecho al medio ambiente sano”, expuso Morales Pérez.
Por otra parte, el legislador Justo Lozano Tovar formalizó su salida del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y su incorporación al grupo parlamentario del Partido Alianza Ciudadana (PAC).