- Seguridad
Tlaxcala, Tlax.- Pobladores de diversas comunidades del estado llaman a esta carretera como “La Autopista de la Muerte”, ya recurrentemente y año con año aumenta el número de accidente con saldo fatal que ha enlutado a cientos de hogares.
La senadora petista, Martha Palafox Gutiérrez señaló que esta autopista se convirtió en una de las más caras del país y que incluso ya ha enviado una iniciativa al Senado, para que se revise esta situación con objeto de salvar vidas humanas.
Los automovilistas pagan 56 pesos nada más por el costo del peaje, es decir tres pesos por metro cuadrado para transitar en un tramo carretero inseguro y con trampas de muerte.
Estas se ubican a la altura de Ixtlacuixtla, en el puente de Popocatla, Santa Cruz, El Porvenir, Tizostoc, Tecoac y San Jorge Tezoquipan.
Estos datos, subrayó, “reflejan la peligrosidad de esta vía de comunicación y la necesidad apremiante de que se tomen las medidas necesarias para hacerla transitable y segura, con un adecuado señalamiento de kilómetros recorridos, salidas, pasos y reductores de velocidad”.
La legisladora destacó que ésta es una de las tres autopistas privadas que han operado por más tiempo en México, pues fue abierta al tránsito el 12 de septiembre de 1991, bajo una concesión otorgada a la empresa Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas (OCACSA).
En esa concesión, agregó, OCACSA se hizo cargo de la conservación mayor del tramo, luego pasó a manos de AUCAL y esta última a partir del 19 de noviembre del 2010 celebró con la Promotora de Autopistas del Pacifico (PAPSA) un contrato de cesión y derechos litigiosos, mediante el cual la primera otorgó a la segunda la administración del Tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-EI Molinito.
Por su lado, la empresa PAPSA celebró un convenio “en términos confidenciales” con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Tlaxcala, y entre otras cosas de ese convenio quedo establecido que la concesión es por un periodo de 25 años.
Palafox Gutiérrez mencionó que según la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, por esa vía circulan diariamente unos 23 mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, por lo que al realizar la operación aritmética por 56 pesos da como resultado un millón 228 mil pesos diarios.
En un punto de acuerdo que presentó a la Comisión Permanente, la senadora también requirió a los funcionarios que expliquen por cuántos años se otorgó la concesión del tramo carretero que va del tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito y qué medidas han tomado para evitar que disminuyan los accidentes automovilísticos.
Desde el 19 de noviembre de 2010, la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano (Aucal), S.A. de C.V., ya no tiene la concesión de la vía San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito.
Después de casi 20 años de juicios civiles -en los que reclamaba el cierre de 18 accesos carreteros irregulares y el pago de perjuicios por más de tres mil millones de pesos-, desistió de sus demandas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno de Tlaxcala, con los que llegó a arreglos confidenciales.
La nueva concesionaria otorgada por 25 años, fue para la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V. (PAPSA), acordó con el Gobierno de Tlaxcala que no cerrará los accesos irregulares a la pista.
De acuerdo con estudios de la autoridad y de la propia Aucal, por esa vía circulan diariamente unos 23 mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, y sólo unos seis mil pagan peaje.
El 15 de marzo de 1990, durante la administración de Beatriz Paredes Rangel, el Gobierno del Estado otorgó a la empresa Aucal, S.A. de C.V., el título de concesión para la construcción y conservación del tramo carretero San Martín Texmelucan-El Molinito por un periodo de siete años y seis meses.
Desde ese momento hubo problemas que afectaron el desarrollo normal de la autopista, denominada por la gente como "autopista de la muerte", por el incalculable número de accidentes fatales ahí registrados.
Principalmente porque los habitantes de las poblaciones vecinas abrieron diversos accesos y retornos, con el argumento de que la autopista los había dejado incomunicados.
Ante ello, la empresa presentó múltiples quejas a la SCT y a las autoridades estatales.
El 15 de octubre de 1993 -ya en tiempos de José Antonio Álvarez Lima, a petición de Aucal, el Gobierno de Tlaxcala y la SCT se comprometieron en un "memorándum de entendimiento".
Consistente en cerrar los accesos irregulares en un plazo razonable, corriendo a cargo del Gobierno la erogación de los recursos que para ello fueran necesarios. Los daños ascendían entonces a más de 170 millones de pesos.
Nada se cumplió.
El 22 de marzo de 1994 la SCT prorrogó a la empresa Aucal el plazo de vigencia de la concesión a 25 años y seis meses, a partir de la fecha de su otorgamiento, con el propósito de financiar el proyecto carretero, dado que no se cumplían las expectativas de su explotación.
El nueve de julio de ese mismo año, representantes de Aucal presentaron una demanda ordinaria civil en contra del Gobierno de Tlaxcala y de la SCT, a los que reclamaron el cumplimiento del contrato de concesión.
El cierre definitivo de los accesos irregulares, el pago de daños y perjuicios por evasión de cuotas y gastos y costos generados por la tramitación del juicio.
Dicha demanda se radicó con el número de expediente 107/2001 en el Juzgado Noveno del Distrito en materia civil del Distrito Federal.
El 20 de julio de 2001, cuando Alfonso Sánchez Anaya era gobernador, el Gobierno de Tlaxcala fue emplazado a juicio y se abrió el periodo de pruebas.
Aucal ofreció inspección judicial, pericial en materia de cálculo de aforo, documentales públicos, testimonial, pericial en materia de topografía, pericial contable, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
El Gobierno, a su vez, presentó instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. En ninguno de los casos fueron aceptadas las pruebas y el juicio continuó.
El 25 de julio de 2003, el Gobierno de Tlaxcala fue condenado al pago del cumplimiento de todas las prestaciones que le fueron reclamadas, pero inexplicablemente la SCT fue absuelta en el caso.
Ante ello, Aucal y el Gobierno de Tlaxcala interpusieron amplios recursos de apelación en contra de la sentencia condenatoria. Dichos recursos fueron radicados en el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, con el número de toca civil 464/2003.
Fue el 30 de abril de 2004, cuando fue dictada una nueva sentencia, confirmando la condena interpuesta, pero -ahora sí- "condenando solidariamente a la SCT".
De nueva cuenta, el Gobierno de Tlaxcala y Aucal se ampararon y el 31 de agosto de ese año fueron resueltos diversos juicios, en los que se concedió la protección de la justicia federal al Gobierno de Tlaxcala.
El Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, en ejecución de la sentencia de amparo que concedió la protección federal al Gobierno de Tlaxcala, emitió una nueva sentencia, condenando al Estado al cumplimiento y pago de las prestaciones reclamadas.
Ante ello, el 15 y 19 de noviembre del mismo año, Aucal, SCT y el Gobierno promovieron, respectivamente, juicios de amparo en contra de la sentencia citada.
Y el 19 de enero de 2005 fue resuelto el juicio de amparo 17524-2004, en el que fue negado al Gobierno de Tlaxcala la protección federal solicitada, no así a la SCT.
El caso siguió, y el uno de abril de 2005 el Gobierno de Tlaxcala -ya bajo la administración de Héctor Ortiz Ortiz promovió una última demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada.
Sólo que el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito -dentro del juicio de amparo 05444/2005- negó la protección federal al Gobierno del Estado.
El 28 de diciembre de 2007, la SCT y el Gobierno del Estado se comprometieron a realizar un acuerdo de colaboración para la celebración de una solución alternativa que permitiera, entre otras cosas, que con el cierre de los accesos no se causen perjuicios a los habitantes de las comunidades aledañas a la pista.
De esta manera, el dos de septiembre de 2009, derivado de un estudio antropológico social realizado entre los habitantes de los municipios de Panotla, Totolac e Ixtacuixtla, la autoridad estatal planteó la imposibilidad material de dar cumplimiento a la sentencia; de ahí que el juez que conoce del juicio determinó el cumplimiento sustituto de la sentencia, recabando los elementos necesarios para cuantificar daños y perjuicios.
Con esa alternativa, el 19 de noviembre de 2010 Aucal celebró contrato de cesión de concesión y derechos litigios con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V. (PAPSA), mediante el cual la primera otorgó a la segunda la administración del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito,
desistiéndose ante la presencia judicial de los reclamos planteados en su demanda en contra de la SCT y el Gobierno de Tlaxcala.
Por su lado, la empresa PAPSA celebró un convenio en términos confidenciales con la SCT y el Gobierno de Tlaxcala, mediante el cual se resolvió el litigio; aunque luego se supo que, entre otras cosas, tendrá la vía por un periodo de 25 años.
Recientemente la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Competencia, investigar y revisar el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV (PAPSA), y entidades públicas involucradas.
La solicitud avalada por el pleno busca que se cumplan las normas, estándares obligatorios y expliquen por cuántos años está otorgada la concesión del tramo carretero de San Martín Texmelucan (Puebla)-Tlaxcala, Molinito, a fin de evitar la inseguridad vial de los usuarios que pagan por transitar en esa carretera.
La proponente, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), señaló que la empresa PAPSA celebró un convenio en términos confidenciales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno del estado de Tlaxcala, en el cual quedó establecido que la concesión es por un periodo de 25 años.
La concesión, detalló la diputada, está llena de grandes conflictos a través de juicios civiles en los que se han reclamado el cierre de dieciocho accesos carreteros irregulares y el pago de perjuicios por más de tres mil millones de pesos.