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Pese a que diputados aprobaron el dictamen mediante el cual se reforma el Código Penal del Estado, particularmente con la disminución de penas por el delito de aborto, esta práctica en los hechos se continuará criminalizando en la entidad, advirtió la activista, Rosario Mendieta Herrera.
Las reformas propuestas al Código no solo se quedan cortas, sino que son indignantes ya que tiene lagunas y no tiene claridad en lo que se expone, por lo que una vez más los legisladores vuelven a ser omisos en su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia hacia la mujer en Tlaxcala, señaló la directora de la asociación civil “Mujer y Utopía”.
La víspera, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LX Legislatura, que preside el priista Silvestre Velázquez Guevara, avalaron por unanimidad de votos el dictamen por el que se reforma el nuevo Código Penal del estado de Tlaxcala, particularmente en el delito de aborto.
En el texto aprobado este lunes, se suprime de manera definitiva la intervención legal del ministerio público al autorizar ciertos casos de aborto indirecto. Sin embargo, solo se reducen y no se eliminan las penas para dicho delito tal como lo han solicitado decenas de organizaciones no gubernamentales, particularmente las que trabajan en pro de los derechos humanos y de activismo hacia la mujer.
Al respecto, Mendieta Herrera señaló que “preocupa ver este tipo de reformas, sí de por sí el Ministerio Público no garantizaba el aborto para las mujeres que fueron violadas, ¿ahora quién lo determinará?, cuando la reforma dice que el MP ya no tendrá intervención”.
El dictamen indica también que queda como sanción mínima la de 15 días a dos meses de prisión y multa de 18 a 30 y seis días de salario, cuando la madre voluntariamente aborte o permita en que otra persona la haga abortar.
Así también, se establece como sanción máxima la de seis a 10 años de prisión, cuando además de que faltare el consentimiento de la mujer, haya violencia física o moral; por otro lado, también se contempla el suspender de uno a tres años en el ejercicio de su profesión si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera.
En contraparte, se propone adicionar una causa absolutoria cuando la vida de la mujer embarazada esté en peligro de muerte, para que no sea sancionada penalmente.
En esto, la activista social apuntó: “es también preocupante que se establezca como sanción máxima la de seis a diez años de prisión, cuando además de que faltare el consentimiento de la mujer, haya violencia física o moral; esto tendría que ser otro tipo de delito o sea una causal que aumente la pena en la violencia familiar, no es claro si se refiere al progenitor sea quien ejerce este tipo de violencia, porque si fuese así no es nada clara esta reforma”.
Y es igualmente lamentable que mientras se propone adicionar una causa absolutoria más cuando la vida de la mujer embarazada esté en peligro de muerte, no sea sancionada penalmente, “esto ya estaba y fue justo lo que habían derogado y por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso el recurso por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, lo que demuestra la falta de compromiso real de los congresistas con las mujeres tlaxcaltecas.
Los diputados que aprobaron el dictamen fueron también Gelacio Montiel Fuentes, Eloy Berruecos López, Mildred Murbartián Aguilar, Tulio Larios Aguilar y Joaquín Pluma Morales. Se acordó remitir el dictamen a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para ser enlistado en la sesión pública que corresponda.