Mientras entidades como Querétaro, Coahuila o Guanajuato muestran porcentajes significativamente menores (en algunos casos por debajo del 35%), Tlaxcala parece atrapada en un círculo vicioso de opacidad, discrecionalidad y complicidad. La pregunta obligada es: ¿dónde está la voluntad política para romper este esquema? ¿Cuánto más tiempo las autoridades estatales y municipales van a seguir tolerando —o peor, participando— en prácticas que los propios empresarios denuncian año con año?