Los docentes señalaron que la corrupción e impunidad han provocado el deterioro de los planteles, pues las autoridades parecen estar más interesadas en proteger sus intereses personales.
El Secretario concluyó que la lucha contra la violencia y el acoso en el ámbito educativo es un desafío constante que requiere un equilibrio entre la protección de las víctimas y el respeto a la presunción de inocentes.
La medida, lejos de ser una estrategia organizativa, ha sido percibida como una forma de exclusión laboral que deja fuera a cientos de maestros con años de servicio.